Noticias internacionales en español — contenido de Global Voices (CC BY 3.0)
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Aunque el Gobierno de Assam instó a los lugareños a acogerse a la ley de enmienda a la ciudadanía, el temor generalizado de que se afecten las reclamaciones legales en curso y que se les imponga la condición de migrantes llevó a muchas familias a evitar por completo el proceso.
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«Producimos cacao certificado que cumple con las normas, lo que significa que hemos aprendido a mantener el ambiente, las personas y el grano de cacao sano: armonía entre naturaleza, personas y cacao».
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Para los jóvenes rohinya, su educación se ve interrumpida no porque les falte determinación, sino porque las oportunidades educativas en los campamentos de refugiados de Bangladesh son limitadas.
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Los documentos pueden confirmar una relación jurídica con un Estado, pero no pueden crear ni borrar la existencia, la historia, la familia ni el sentido de pertenencia de alguien.
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Antes, la represión estatal se limitaba en gran medida a las fronteras de cada país. Hoy en día, los autócratas cooperan más allá de las fronteras con vigilancia digital.
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Sin identidad legal, una persona queda sin sus derechos humanos fundamentales, se le niega el acceso a educación formal, se le impide acceder a la atención médica, se le niegan los servicios y derechos básicos del Estado y queda expuesta a la explotación institucional.
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«A veces dicen que hemos venido a quitarles sus tierras. Pero ¿cómo podríamos quitarles tierras? Aquí no tenemos nada».
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Entre 1990 y 2008, Yugoslavia quedó dividida en siete países independientes que enfrentaron retos similares, pero también vivieron diferencias que afectaron sus respuestas institucionales a la apatridia.
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Empresas europeas envían cada año cientos de miles de toneladas de residuos a Marruecos; borran la contaminación de sus registros mientras las familias de Casablanca se ahogan con el humo.
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En Bangladesh, tras el levantamiento, los activistas LGBTQI+ enfrentan una convergencia de factores: una clase política hostil, la desaparición de los fondos internacionales y un Estado que participa en la violencia en su contra.
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…[La] promesa de un futuro digital puede tener el mismo costo alto para los derechos humanos y la justicia ambiental como las exportaciones de flores que la preceden.
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Para los jóvenes de la región, la cooperación no es un lema político, sino una experiencia real adquirida con educación no formal, capacitación e iniciativas de la sociedad civil.
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